Trabajo Decente

"El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades
para que mujeres y hombres puedan obtener un trabajo decente y productivo
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana".
Juan Somavía,
Director General de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  ha acuñado un nuevo concepto: trabajo decente. ¿Tiene relevancia o utilidad el empleo de ese término en las actuales circunstancias?

El concepto de "trabajo" pretende ir mas allá del simple empleo asalariado para abarcar la diversidad ocupacional desde el trabajo por cuenta propia hasta el doméstico que realiza un ama de casa sin recibir pago por sus servicios a la familia. Por otro lado la ambigua definición de "decente" es tomada del inglés donde la palabra se relaciona con razonable o suficiente. En ese sentido, trabajo decente querría expresar un trabajo que se realiza en condiciones razonables y por el que se percibe un beneficio suficiente.

El trabajo decente tiene cuatro dimensiones:

n Las características del trabajo y empleo del que se trate.

n La capacidad de poder ejercer los derechos laborales.

n La seguridad.

n La capacidad de representación y diálogo con los empleadores.

El esfuerzo conceptual de la OIT esta relacionado con el movimiento universal a favor de la normatividad de los derechos humanos que siguió a la II Guerra Mundial y que ha ido avanzando en la definición de nuevas categorías de derechos individuales y colectivos. El ámbito de la economía y el trabajo no han quedado al margen de esa creciente normatividad que aun dista mucho de estar acompañada de procesos nacionales para su codificación legal y su implementación real. No obstante la claridad conceptual y la normatividad internacional ayudan a distinguir lo aceptable de lo que no lo es.

En la historia moderna ha abundado el trabajo que no reúne las características que permitirían definirlo como "decente". En las décadas recientes, sin embargo, se han conjugado tres procesos que han empeorado la situación laboral:

n  La globalización de los procesos productivos.

n  La "flexibilización" y correspondiente precarización del empleo.

n El incremento de los flujos migratorios masivos bien sean documentados y controlados o aquellos no controlados por los estados.

La Globalización conlleva nuevas dinámicas de movimiento de capital y tecnología, que conjuntamente con avances en transportes de mercancía abre nuevas posibilidades de ubicar la producción donde los salarios y el poder organizativo de trabajadores son menores. Aunque el resultado para algunos es el acceso a nueva s fuentes de empleo, lo que es bueno en si, se acompaña por el deterioro en las condiciones de trabajo y seguridad de empleo; otros pierden sus empleos y son generalmente inadecuados los programas de recapacitación o compensación.

Esta rápida movilidad de capital y medios productivos tiene un impacto sobre la capacidad de organizar libremente la representación sindical. En nombre de flexibilización y "eficiencia" son debilitados los regímenes legales protectores de derechos básicos laborales. Además, en ciertos países, donde hay falta de seguridad y sistemas judiciales débiles, es un peligro a la vida involucrarse en la organización sindical.

Otro factor que merece más atención ahora es el fenómeno migratorio global. En un mundo de producción globalizada pero circunstancias de trabajo muy diferentes, y en el que las mercancías se mueven libremente pero no las personas, las migraciones incontroladas y el tráfico humano han crecido notablemente.

La OIT ha propuesto cinco elementos fundamentales a estar presentes en una política migratoria:

n Un sistema, informado y transparente, de categorías migratorias con fines de empleo elaborado para dar respuesta a la demanda laboral nacional.

n Un enfoque de la gestión migratoria basado en las normas nacionales e internacionales y el Estado de derecho.

n La aplicación de normas mínimas y condiciones de empleo nacionales para todos los sectores de actividad.

n Contar con un plan de acción para oponerse a la discriminación racial y la xenofobia.

n Tener mecanismos institucionales de consulta y coordinación con los interlocutores sociales para la elaboración de políticas y su ejecución.

Adicionalmente a estos cinco elementos claves la gestión de los trabajadores migrantes requiere también, entre otras, la lucha contra la trata, contrabando y explotación de personas por el crimen organizado, la cooperación internacional al desarrollo para reducir la necesidad migratoria de los trabajadores, motivar a los migrantes para que voluntariamente retornen a sus países de origen. Por último, pero no menos importante: poner en marcha políticas antidiscriminatorias por razón de género, raza, etnia u otras.

El fenómeno migratorio ha sido sujeto de una nueva serie de consultas urgentes a alto nivel, como también lo fue la Comisión Global sobre la Migración Internacional (GCIM) nombrado por Kofi Annan, el entonces Secretario General de la ONU. www.gcim.org

Con un enfoque balanceado del respeto para los derechos humanos y el reconocimiento de los beneficios económicos de la migración en general, se intenta ahora construir consensos internacionales sobre políticas que reduzcan el peligro y aumentan la seguridad de este mundo precario de migrantes. Una de las propuestas es tratar con migrantes bajo régimen del OMC, considerándolos como elementos del comercio mundial que se muevan con contratos fijos de trabajo. Esto puede dar más seguridad al trabajador que emigra por 2 o 3 años, pero ha levantado también mucha oposición no sólo por tratar seres humanos como algún bien del comercio internacional, sino porque no ofrece respuesta a los negativos regímenes y prácticas reales de explotación al trabajador y su falta de protección legal real.

Crece el fenómeno

El 3% de la población mundial –unos 170 millones de personas- viven en un país diferente a aquel en que nacieron. Se estima que 120 millones son trabajadores migrantes y sus familiares. De ellos casi 20 millones están en África, 30 millones en Europa (del Este y Oeste), 18 millones en América del Norte, 12 millones en América Latina, 9 millones en el Oriente Medio y 7 millones en Asia.

La casi totalidad de países en este planeta permiten de alguna forma la migración, entre otras cosas, porque ven en ella una manera de librarse de tensiones sociales internas y por la sustantiva cantidad de recursos y remesas monetarias que envían a familiares y amigos en sus países de origen. Estas remesas se constituyen en un colchón de soporte social y en una fuente de inversión para pequeños negocios que permiten a sus receptores depender cada vez menos de su envío y a quienes las remiten ser coasociados en los negocios que con ellas se montan.

En varios países se debaten políticas migratorias más duras, – a veces entre los propios intereses comerciales y financieros contra sectores tradicionales y hasta xenofóbicos-, y los migrantes sufren del jaque político. Donde por el contrario se llega a un consenso sobre políticas sobre la base de los criterios de la OIT citados arriba, se benefician los residentes y los migrantes del crecimiento económico así como los familiares en los países de origen En el otro extremo, quedan en el mundo unas pocas sociedades cerradas – apenas una en Asia y otra en América Latina- en las que se pone un estigma social a todo potencial emigrante, se les expulsa de sus trabajos y viviendas mientras aguardan autorización para su salida y se les confiscan los bienes para luego desterrarlos de hecho, permitiendo su retorno sólo bajo permisos de visita temporales. Sus guardias fronterizos incluso emplean fuerza letal contra los propios nacionales si los sorprenden en un intento migratorio no autorizado.

El problema ahora es que no pocos gobiernos emisores de migrantes se han adaptado a la actual situación y no ejercen su obligación de crear condiciones de vida y trabajo que desalienten la migración y fomenten la riqueza nacional. Las personas si bien tienen derecho a migrar también tienen derecho a no hacerlo, pero el ejercicio de ese segundo derecho supone que los gobiernos tengan políticas responsables de desarrollo social que hagan de la migración una opción pero ya no por necesidades de supervivencia o en busca de libertades y derechos humanos que les son negados en su país.

Pero no sólo los gobiernos, sino que el sector privado debe también comportarse de manera socialmente responsable y adherirse a los principios del trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hacer inversiones en países que no haya leyes que permitan la sindicalización o en que los llamados sindicatos sean instrumentos de los gobiernos en coalición con el capital extranjero es reprobable. También lo es el sacar provecho de la existencia de gobiernos corruptos y autoritarios en esos países para pagar salarios de miseria, explotar mano de obra infantil, discriminar por razones de género, raza u otras. Dar como excusa la hipócrita frase de que "hay que respetar las leyes existentes en el país" es inaceptable. Esas leyes carecen de legitimidad porque niegan los estándares universalmente aceptados de la normatividad internacional. También hay un fenómeno creciente por parte de movimientos de consumidores, quienes quieren saber que lo que compran no viene de mano de obra explotada ilegalmente, o que viene de países con regímenes que niegan derechos fundamentales a los trabajadores. La gente, cada vez más, quiere saber si el producto que adquieren fue elaborado con trabajo decente y buscan que así se certifique.

El problema no reside en el alegado derecho o ausencia de él que tiene una persona para ingresar al territorio de otro país y radicarse a trabajar en éste sin haber realizado los trámites migratorios establecidos para ello. Esa es una pregunta falsa.

El tema central es si conceptos como los del trabajo decente pueden convertirse en elementos legales operativos que obliguen al empresariado de todo país a brindar ciertas condiciones laborales mínimas, si los gobiernos estarán decididos a legislar políticas públicas de desarrollo social y si la comunidad internacional terminará finalmente percatándose de que la cooperación al desarrollo es más barata que perseguir a mafiosos que trafican con seres humanos, cazar emigrantes en calles y fronteras o intervenir en conflictos armados que estallan en diversos lugares.